El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirma que la reforma legal no afectará a esta clase de conductas, mientras que Interior quiere tipificar los comportamientos más graves de esta clase como un "atentado contra la autoridad".
Entre ellos, quiere establecer este delito a los manifestantes que "se encadenen por los brazos". Piensa que esta "resistencia pasiva" implica una conducta igual a la "agresión contra el principio del orden y de autoridad" ejercido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La postura de Justicia se fundamenta en castigar sólo las acciones que constituyan agresiones contra bienes y servicios, salvaguardando siempre el derecho constitucional de manifestación.
Además, desde Interior se apuesta por considerar un delito de integración en organización criminal la convocatoria de actos violentos por internet. Quiere aumentar a dos años la pena mínima de este delito.
Asimismo, quiere poner como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se acceda a establecimientos públicos o se obstruya el acceso a los mismos aumentando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se realicen por interrupción o perturbación de cualquier servicio público.
Los dos departamentos trabajan desde hace dos meses en la reforma del Código Penal. Las modificaciones podrían reacaer en la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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