lunes, 30 de abril de 2012

Detenido un empresario que no pagó a la Seguridad Social durante más de una década



El empresario detenido era administrador de una empresa fundada en 2001 que, desde su constitución, tenía deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social por impago. Por ello, tanto la sociedad mercantil como el administrador fueron embargados.

Sin embargo, sin propiedades a su nombre ni bienes que embargar, el empresario siguió con la actividad empresarial sin preocuparse de los pagos a la Seguridad Social.

La deuda subió de los dos millones de euros en marzo de 2012. Asimismo, los impagos correspondientes a 2007, 2008 y 2009 rebasaron el límite fijado por el Código Penal para su imputación por delito.

A estos delitos hay que sumar que el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos también solicitó el embargo sobre las supuestas ventas hechas a otra empresa que aparece como su casi exclusivo cliente y cuyo administrador es un trabajador de la primera.

Las investigaciones llevaron a la deducción de que la segunda empresa era una sociedad instrumental vigilada por el empresario detenido para eludir los embargos de su empresa, por lo que se considera responsable de un delito de insolvencia punible.

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España no tiene un peso logístico en el mundo en consonancia con su peso económico

Gonzalo Sanz, presidente de UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte Española, ha colaborado en el XII Foro Internacional Pilot 2012, organizado por el Gobierno de Aragón.

Sanz se ha quejado de que España no tiene un peso logístico en el mundo en consonancia con su peso económico. Y es que según el último informe elaborado por el Banco Mundial en este sector, España está en el puesto 25 de un ranking mundial, lo que en opinión de Sanz es por la poca actividad internacional de las empresas españolas y a unas infraestructuras que deben optimizarse.

Sobre las infraestructuras, Sanz ha declarado que los parques logísticos integrados han surgido con retraso. A lo que hay que añadir que la red ferroviara está atrasada, que los aeropuertos tienen poco tráfico y que los puertos deberían aprovecharse más. Además, según datos de UNO, la carretera sigue siendo el transporte más empleado.


Con respecto a los costes logísticos en España, siguen siendo más costosos que en los países que nos rodean.

Todo ello se hace que sea un sector muy enmarañado con más de 15 clases de actores y una gran fragmentación, que se evidencia en miles de empresas, más de cien mil autónomos y una estructura de empresas, en las que la mayoría tienen menos de nueve trabajadores.


La táctica de UNO consiste en una nueva estructura de mercado, que tenga como meta la internacionalización, un cambio en la negociación colectiva y fomentar la ética en las empresas.

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Las asesorías solicitan un alto en las intervenciones de Hacienda


La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha propuesto que no empiecen intervenciones de revisión por parte de la Inspección de Hacienda hasta que termine el período para regularizar (30 de noviembre). De esta manera, lo expuso Antonio Durán Sindreu, su presidente, quien sugirió que se posibilite regularizar sin sanción a los contribuyentes que estén con procedimientos en curso, y que se escriba una nueva norma para los que quieran regularizar.

Enrique Jiménez-Reyna manifestó que en primer lugar hay que declarar el capital que se vaya a regularizar, pero establecerlo en la campaña, significaría adelantarse a que se aprueben en el Parlamento las medidas de lucha contra el fraude, entre las que está la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas.

El problema que está detrás de esas declaraciones es la existencia de una carencia de tiempo, ya que el ciudadano no tiene derecho a regularizar y hasta que lo realice puede ser citado por la Inspección, lo que le llevaría a estar fuera del procedimiento de amnistía fiscal y le dejaría en un procedimiento inspector con todo lo que eso conlleva.

Así, Jiménez-Reyna declaró que es un proceso de regularización que no está bien examinado desde el punto de vista del resultado, ya que sólo se posibilita regularizar a los que tienen rentas ahorradas, pero no a quién ha consumido el capital, no a los rendimientos.

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lunes, 23 de abril de 2012

Justicia e Interior se van a reunir para tratar la reforma del Código Penal

El departamento de Justicia e Interior han conservado posiciones discordantes en los últimos días, en concreto, en lo que se refiere a la persecución de la resistencia pasiva, considerada como un delito de desobediencia.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirma que la reforma legal no afectará a esta clase de conductas, mientras que Interior quiere tipificar los comportamientos más graves de esta clase como un "atentado contra la autoridad".

Entre ellos, quiere establecer este delito a los manifestantes que "se encadenen por los brazos". Piensa que esta "resistencia pasiva" implica una conducta igual a la "agresión contra el principio del orden y de autoridad" ejercido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La postura de Justicia se fundamenta en castigar sólo las acciones que constituyan agresiones contra bienes y servicios, salvaguardando siempre el derecho constitucional de manifestación.

Además, desde Interior se apuesta por considerar un delito de integración en organización criminal la convocatoria de actos violentos por internet. Quiere aumentar a dos años la pena mínima de este delito.

Asimismo, quiere poner como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se acceda a establecimientos públicos o se obstruya el acceso a los mismos aumentando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se realicen por interrupción o perturbación de cualquier servicio público.


Los dos departamentos trabajan desde hace dos meses en la reforma del Código Penal. Las modificaciones podrían reacaer en la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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